La arraigada violencia de variedad, incluidos el femicidio y el feminicidio, seguía siendo la norma en toda la región, y las autoridades se abstenían sistemáticamente de tocar la impunidad de estos crímenes. En México, el Secretariado Ejecutivo del doctrina Nacional de Seguridad Pública señaló que, en promedio, cada día eran asesinadas nueve mujeres y la veteranoía de los casos no llegaban a resolverse de manera eficaz.
En México, al menos cinco periodistas fueron asesinados por motivos posiblemente relacionados con su trabajo, según la ordenamiento ARTICLE 19.
Aunque la mayoría de los países de las Américas carecían de sistemas sólidos de protección de defensores y defensoras de los derechos humanos, Colombia mostró algunas señales de mejoría: el Servicio del Interior anunció el fortalecimiento del software de protección colectiva de las personas defensoras de los derechos humanos integrantes de organizaciones populares y comunidades, dirigido específicamente a quienes defendían la tierra y el comarca.
En Argentina, Sofía Inés Fernández, mujer trans de 40 abriles, fue encontrada muerta en abril en una celda de una comisaría policial de la plaza de Derqui, en la provincia de Buenos Aires, donde había sido detenida por supuesto robo.
Varias personas defensoras de la tierra wet’suwet’en fueron juzgadas en mayo y octubre por proteger su distrito frente a la construcción de un gasoducto. Una de ellas fue declarada inocente en noviembre, mientras que las demás estaban a la demora de decisiones y, de ser declaradas culpables, podían ser condenadas a prisión.
Las get more info autoridades seguían sin proteger a las mujeres venezolanas frente a la violencia de clase, en presencia de la cual corrían especial peligro. Muchas de ellas no la denunciaban por temor, desconfianza o desinformación, y no podían consentir a algunos servicios por el hecho de no estar en situación regular.
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En muchos países se criminalizó a personas, como las pertenecientes a pueblos indígenas, que se habían opuesto de forma activa a proyectos extractivos que tenían repercusiones negativas en el medioambiente y los sumideros de carbono vulnerables.
La detención arbitraria seguía siendo una ejercicio generalizada en la región. Las autoridades continuaban violando el derecho a la arbitrio, a un causa justo y a la integridad física en países como Cuba, El Salvador, Nicaragua y Venezuela. En Estados Unidos, muchas detenciones tenían un trasfondo de discriminación.
Los países desarrollados de la región aún deben aumentar con aprieto la financiación climática para apoyar las estrategias de mitigación y ajuste de los países en crecimiento de ingresos más bajos, así como comprometerse a proporcionar fondos adicionales específicos para pérdidas y daños.
En Estados Unidos, al menos 1.153 personas perdieron la vida a manos de la policía en 2023, según los medios de comunicación. En Perú, el Estado respondió a las protestas celebradas en todo el país con fuerza mortífero y un uso excesivo de medios menos letales, y aplicó un sesgo racista especialmente contra miembros de pueblos indígenas. Las protestas se saldaron con la asesinato de 49 civiles y un policía, y centenares de personas heridas, en menos de 2 meses. Al menos 20 de esos casos podían considerarse ejecuciones extrajudiciales.
Las autoridades deben avalar que la aplicación de la calidad cumple con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, en particular las que rigen el uso de la fuerza, y que las personas presuntamente responsables de violaciones de derechos humanos comparecen en presencia de la Equidad.
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En República Dominicana, la discriminación contra la población haitiana o de ascendencia haitiana y el racismo contra las personas negras persistían, y colocaban a migrantes, solicitantes de hospicio y refugio, mujeres y niñVencedor y personas LGBTI en una situación especialmente endeble.